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5 oct 2022 13:50 GMT-05:00
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La Etapa Peligrosista
El derecho de insolvencia contemporáneo colombiano
nace con el desatamiento de la Segunda Guerra Mundial,
la cual obliga al gobierno del presidente Eduardo
Santos a pedir facultades extraordinarias para conjurar
“los efectos de la crisis mundial sobre la organización
económica y fiscal del país” .
Otorgadas las mismas, el gobierno expide el decreto
750 de 1940, una norma de claro talante punitivo,
cuyos objetivos, en lo expresado por la comisión
redactora fueron “dar seguridad al crédito, severidad
en el castigo del fraude y celeridad en la liquidación de
los patrimonios en bancarrota” .
Así mismo justifican la norma en “un clamor general
de las cámaras de comercio, la desconfianza de los
industriales y comerciantes de otros países para la
provisión a crédito de mercancías y valores en Colombia,
y el estado ya intolerable de burla y de sarcasmo que
pregonan ciertas colonias de comercio minoritario…
respecto de la ineficacia de nuestra ley para sancionas
la connivencia, el dolo y el fraude organizados en
beneficio familiar o de las mismas colonias” .
“Estado ya intolerable de burla y de sarcasmo que
pregonan ciertas colonias de comercio minoritario”.
Vale la pena repetirlo porque este lenguaje racista y
xenófobo, por fortuna hace mucho proscrito del discurso
público nacional, dice tomos sobre las motivaciones de
la norma. ¿A quienes se referían? ¿A los comerciantes
hebreos y árabes que habían dinamizado el comercio
y la industria colombianos, sacando al país del sopor
pastoril en que se encontraba desde la colonia? Muy
posiblemente.
Lo cierto sin embargo es que, por todas las razones
equivocadas, este era un régimen bárbaro, casi
medieval, donde el deudor quebrado tenía que afrontar
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